La primera fue Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), acusada de lavado de dinero a través de una fundación que promovía la libertad de prensa y que llevaba el nombre de su madre.
El gobierno de Nicaragua aseguró que los precandidatos presidenciales detenidos bajo cargos de "incitar a la intervención extranjera" son "usurpadores" financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente.
Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en las elecciones del 7 de noviembre.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
El sandinismo aseguró que celebrará elecciones generales "libres, justas y transparentes" y exigió "la no injerencia de cualquier gobierno extranjero" en el proceso.
Demandó que "sean eliminadas" las sanciones unilaterales impuestas. Considera que "las únicas sanciones legales son las dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".
Entrevistada: Vilma Nuñez fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), cerrado por el gobierno de Ortega.
